La Paz, 12 de febrero (RC). – La oposición sostiene que el Decreto Presidencial de “Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos” dejará seis casos en la impunidad debido a que el fin de la norma es “restablecer los derechos civiles y políticos (…) de aquellas personas que se encuentran procesadas como consecuencia de los conflictos políticos y sociales (…) suscitados durante la crisis política institucional del Estado, acontecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) adelantó ayer que lo aprobará. En cambio, Comunidad Ciudadana (CC), la segunda fuerza política del Legislativo, citó que al menos seis casos, que van desde la quema de los buses PumaKatari hasta el caso fraude, corren el riesgo de quedar en la impunidad.
El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, adelantó que con el decreto se beneficiarán “alrededor de 1.000 personas”, y confirmó que entre los favorecidos está el expresidente Morales.
Según Rodríguez, la norma beneficiará a “compañeros que están siendo perjudicados sin motivo alguno con cargos penales”. “Lo que se quiere es que se libere de todo cargo penal a los que han sido procesados sin ningún motivo”, aseguró.
Desde Comunidad Ciudadana sostuvieron que el decreto dejaría impunes los casos Montero, la muerte de un representante de las víctimas de la dictadura, la emboscada de Vila Vila, la quema de buses PumaKatari y de las casas de una periodista y de un ex Defensor del Pueblo, las muertes por el bloqueo de oxígeno y hasta el caso fraude.
Carlos Alarcón, jefe de bancada de CC en Diputados, manifestó que incluso el caso fraude puede quedar impune. “Con el alcance general que le han dado, todos los casos podrían estar incluidos en la amnistía y los que van a definir en concreto van a ser los propios jueces y fiscales que de alguna manera están subordinados al MAS. No hay ninguna razón de entrada para excluir ese caso (fraude)”, expresó el legislador.
Alarcón agregó que el decreto está redactado de manera general, y que todos los casos de interés del MAS quedarán en nada.
CC envió una carta al secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Jaime Vidal, en la que señala que llama la atención la aprobación del decreto, tomando en cuenta que el GIEI está en pleno proceso de investigación y el Gobierno actúa como juez y parte, puesto que “prejuzga, sesgadamente, violaciones a los derechos humanos sin esperar los resultados del trabajo de investigación ni el informe del GIEI”.
Página Siete