La Paz, 14 de mayo (RC).- La presidenta interina, Jeanine Añez, inició esta mañana un gabinete ministerial para analizar el Decreto Supremo 4231 ante denuncias de que dicha medida restringiría la libertad de expresión de diversos sectores, ya que el decreto tenía el objetivo de aumentar las sanciones para las personas que desinformen respecto al coronavirus.
Del mismo modo, la presidenta promulgó dicho decreto el pasado 7 de mayo que indica que cualquier persona que difunda en cualquier tipo de medio o formato información que afecte a la salud pública “será pasible a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
Por su parte, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos mediante su cuenta oficial de Twitter solicitó al Gobierno de Añez modificar el mencionado decreto tras considerar que se está criminalizando la libertad de expresión.